La Junta prepara la vía para legalizar la inmensa mayoría de las 12.760 viviendas irregulares registradas en 22 de los 31 municipios de la comarca malagueña de la Axarquía, uno de los territorios de Andalucía más castigados por las construcciones en suelo no urbanizable.
Las 859 casas en suelo protegido quedarán expuestas a la demolición
La consejera de Obras Públicas y Vivienda, Josefina Cruz, se reunió ayer con alcaldes de los municipios beneficiados para explicarles el decreto que permitirá regularizar estas casas para que puedan disponer de infraestructuras y servicios básicos.
De las 12.760 casas inventariadas, 11.025 (el 86,5%) podrán acogerse a la regularización. En los 1.735 casos restantes se dan dos situaciones: 859 casas se han levantado en suelos de especial protección. Estas son las de más difícil legalización y la Junta no descarta su demolición. Además, existen 976 viviendas con menos de cuatro años de antigüedad y expedientes abiertos al no haber prescrito. Estas casas quedarán pendientes de lo que resuelvan sus respectivos Ayuntamientos.
El inventario elaborado por la Junta no incluye los municipios de mayor población, como los costeros Nerja, Vélez-Málaga y Torrox, ni alguno de los más afectados por las casas ilegales del interior, como Alcaucín o La Viñuela, cuyos alcaldes han dimitido durante este mandato, imputados en causas de corrupción y prevaricación urbanística.
Muchas de las casas ilegales carecen de agua, saneamiento o electricidad. Deberán ser los dueños los que comuniquen a los Ayuntamientos la voluntad de regularizarse, y los municipios determinarán qué servicios han de tener las casas para ser habitadas, siempre con cargo al propietario.
Numerosos regidores de esta comarca, la mayoría del PSOE, pero también del PP y de IU, se han visto inmersos en procedimientos judiciales por prevaricación urbanística por permitir la construcción de viviendas en suelo no urbanizable. Para ello, muchas veces se escudaban en la falta de un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), y utilizaban un procedimiento reservado para viviendas asociadas a explotaciones agrícolas. Muchos de los promotores y compradores de las casas eran ciudadanos extranjeros, algunos de los cuales se han organizado para conseguir salvar sus casas de la piqueta.
El decreto que permitirá el "reconocimiento de las viviendas" -en palabras de Cruz- afecta a las viviendas irregulares no solo de la Axarquía sino de toda la comunidad y se promulgará dentro de entre tres y seis meses. "Seremos contundentes para que el fenómeno de las viviendas ilegales en la Axarquía se contenga, porque hay que defender el valor paisajístico y turístico de esta comarca", anunció la consejera Cruz tras informar del indulto de las 11.035 viviendas.
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